El proyecto de autoría del diputado Daniel Arroyo (UxP), presidente de la Comisión de Discapacidad, declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y busca “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”.

El diputado Arroyo informó que “seguramente en la próxima sesión, la semana que viene, pidamos emplazar a la Comisión de Presupuesto para que tengan la obligación de tratar el tema”.

Entre varias voces autorizadas en el tema discapcidad se escuchó a Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes, quien se refirió a la auditoría de las pensiones no retributivas, anunciada por el gobierno nacional. Graham aclaró que se comunicó con el ministerio de Salud, donde manifestaron que “dicha auditoría no iba a hacerse en caso de niñas, niños y adolescentes” y las pensiones para esas personas “no se iban a modificar”. “Esa palabra ha sido cumplida”, añadió.

En tanto, Graham también mencionó que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que “las niñas, niños y adolescentes iban a estar cubiertos por la AUH con discapacidad y asignación familiar con hijo con discapacidad”. Sobre el tema agregó “Eso nos trae una preocupación porque, si bien es cierto que el monto es más alto que la pensión por discapacidad, lo cierto es que perderían todos los beneficios de Incluir Salud”, alertó.

En cuanto el proyecto de ley, Graham manifestó que "sería bueno que en esta ley pudiéramos incorporar un capítulo para niños, niñas y adolescentes”. “No cometamos el mismo error que cometimos con la Ley de Salud Mental, tengamos un párrafo especial para hablar de las infancias y adolescencias con discapacidad”, ejemplificó.

También el Padre Pablo Molero, integrante del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se expresó al respecto, el referente señaló “es una manera de mostrar que queremos otra cosa para nuestro país”. “Lo más importante es que esta ley salga, es la respuesta para decir: queremos una sociedad distinta”, expresó. 
A continuación, Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité sobre Personas con Discapacidad de la ONU, se mostró crítica respecto a las políticas públicas en el país “Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de manera que tiene el enorme compromiso de cumplir eso a lo que se comprometió, estamos viendo que actualmente está en un franco retroceso”, dijo Gamio.

“Esta ley es para cumplir de inmediato con los principios que se habían abandonado, por lo tanto, hay que apoyarla totalmente”, comentó la funcionaria del organismo internacional.

Otra de las voces que aportó datos sobre el cuadro de situación actual fue Estefanía Romero, integrante de la ONG Esperanza Hoy, manifestó que "muchas instituciones que acompañan a las personas con discapacidad tuvieron que cerrar sus puertas debido a la falta de pagos, las familias llegan desesperadas porque no poseen recursos y las obras sociales no se hacen cargo”. 

En tanto, Eduardo Quiroga, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) graficó que “en Argentina menos del 25% de personas con discapacidad reciben una pensión, es decir, que hay muchas personas con discapacidad que requieren de una prestación de protección social y no la están recibiendo”. Además, Quiroga criticó que el Estado nacional reinstaló requisitos para recibir una pensión que son “inconstitucionales”.

Daniel Arroyo apostó a que la emergencia sea tratada en comisión durante el mes de abril, de lograr dictámen de mayoría, los diputados podrían darle media sanción al proyecto y comprometer al Senado a tratar el tema en mayo.